Un balde de agua fría a Paso Canoas
Carlos L Monge B
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Es un balde de agua fría, para los costarricenses de Paso Canoas (y todos los establecidos en la franja limítrofe) que se veía venir desde que, en noviembre del año pasado, la Sala Constitucional había emitido una primera resolución en que encontraba vicios de inconstitucionalidad, al proyecto de ley conocido como “Desafectación y titulación de la zona fronteriza entre la República de Costa Rica y la República de Panamá.
Las Mellizas, Coto Brus, una de las comunidades fronterizas. (Del muro de Las Mellizas, en Facebook).
En la franja inalienable (que incluye comunidades como Paso Canoas y La Cuesta (Corredores) San Rafael (Coto Brus) y Sixaola (Talamanca) viven o tienen propiedades unas nueve mil familias, que tienen casas, locales comerciales y fincas, en terrenos cedidos por el Estado en concesión.
Son terrenos en que las actividades humanas están limitadas por la Constitución Política, debido a que se les tiene reservados por asuntos de seguridad y soberanía. Pero desde hace décadas se venían gestando iniciativas para que los “dueños” tuvieran títulos de propiedad.
Entre los limitantes más visibles, de estas restricciones constitucionales, están que los “dueños” no pueden dar sus tierras en garantías bancarias que les permitan un mayor desarrollo, ni para el desarrollo agrícola y ganadero, ni para actividades comerciales.
No son, en la realidad jurídica, dueños de sus edificios comerciales y de las casas construidas, aunque hayan pagado por las tierras en que viven.
Las inversiones en Paso Canoas han sido por cuenta y riesgo de los ciudadanos. (Geolocation.ws).
En el sector fronterizo de los cantones de Coto Brus, Corredores y Golfito, en el sureste de Costa Rica, funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario (ahora Instituto de Desarrollo Rural) habían trabajado durante más de una década en la elaboración de un censo, con el fin de desarrollar un programa de titulación de tierras.
Trabajo dificilísimo (porque muchas fincas cambian de dueño constantemente, debido a la inseguridad jurídica) y tiempo perdido.
Ya la Sala Constitucional se había pronunciado contra ciertos términos del proyecto de ley, por considerar que faltaban estudios técnicos y porque, en lo principal, porque atentaba contra la seguridad del Estado, en noviembre de 2014.
Y aunque se introdujeron modificaciones al proyecto, se volvió a pronunciar en el mismo sentido en relación con un nuevo proyecto de ley, en los términos comunicados a la Asamblea Legislativa antier, jueves siete de mayo de 2015.
9 mayo, 2015