Regidores se sacuden la brasa de las hidroeléctricas

Municipalidad-hidroeléctricas.

Carlos Monge
prensa@perezzeledon.net

E
l Concejo de Pérez Zeledón, por voto de mayoría, anuló un acuerdo en que prohibía la construcción de plantas hidroeléctricas privadas, poniendo pies en polvorosa ante una inminente causa legal y eventuales demandas por daños y perjuicios.

Un dictamen de comisión les indicó que su acuerdo anterior, del 20 de agosto de 2013, en que declaraba una moratoria a la instalación de plantas eléctricas privadas, reñía con jurisprudencia de la Sala Constitucional y, además, era ilegal porque fue tomado por una cantidad menor de regidores a la que establece el Código Municipal.

San Pedro clama por fuentes de empleo.

San Pedro clama por fuentes de empleo.

La disposición de dejar sin efecto la prohibición fue adoptada en la sesión de ayer, martes 19 de noviembre de 2013, en presencia de centenares de afiliados a asociaciones de desarrollo de los distritos Rivas y San Pedro, que apoyan la instalación de plantas eléctricas, por considerarlas generadoras, además de la electricidad, de fuentes de empleo, ingresos para sus comunidades y atractivo para el turismo.

Votaron a favor de la reivindicación siete de los nueve regidores presentes; pero dos de ellos prefirieron dejar su validez en suspenso, hasta que el acta quede firme, en la sesión del próximo martes.

El Concejo, susceptible a la presión de los grupos que ocasionalmente llegan a ocupar los banquillos del Auditorio del Complejo Cultural, en cuyo escenario se realizan las sesiones municipales, se libera así de una papa caliente, porque tanto quiere un porcentaje de la población que le instalen generadores en sus comunidades, como embisten los grupos ecologistas que las adversan.

Está claro: Los diputados que propusieron y aprobaron la Ley de Generación de Energía Eléctrica Paralela ni se acordaron de las municipalidades; y la Sala Constitucional –con base en lo que dispone la Ley- estable que las municipalidades no tienen competencia para declarar una moratoria relacionada con el tema de las plantas hidroeléctricas privadas.

Con cinco busetas llenaron la gradería.

Con cinco busetas llenaron la gradería.

Así las cosas, mejor levantar rapidito la moratoria decretada en agosto, porque ya la Municipalidad de Pococí –que había tomado una decisión relacionada con el cultivo de piña, pero que se hacía extensiva a la producción de energía eléctrica- tuvo que levantar la decisión, por orden de la Sala Constitucional y ahora enfrenta, por añadidura, una demanda civil planteada en su contra por los empresarios, por daños y perjuicios.

La desobediencia a una orden del tribunal constitucional es reprimida con penas de prisión que oscilan entre los tres y los diez meses.

Razón de más tenía el Concejo de Pérez Zeledón de levantar la moratoria, porque el acuerdo fue tomado por cinco de los regidores que estuvieron presentes el 20 de agosto, a pesar de que el Código Municipal establece que, para ciertos casos, como el particular, la decisión debe ser adoptada por la mayoría absoluta de seis.

En Rivas esperan que la planta eléctrica mejore el panorama.

En Rivas esperan que la planta eléctrica mejore el panorama.

Lástima. La Municipalidad se libra de tomar decisiones en una situación espinosa como la guerra por el agua, que apenas comienza; pero, en su lugar, regidores como Manuel Alfaro lamentaron que los diputados hubieran discriminado a las municipalidades en algo que afecta directamente a sus territorios y porque las dejan, además, sin oportunidad de obtener un porcentaje de las jugosas ganancias que van a disfrutar los empresarios privados.

En la sesión de anoche estuvieron unos trescientos afiliados a las siete agrupaciones que conforman la  Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo del Sector Chirripó y a tres de San Pedro, que respaldan la instalación de plantas hidroeléctricas. También hubo un pequeño grupo de ecologistas que las adversan.

Los generadores privados tienen como principales opositores a los ecologistas, pero también a los que observan que, una vez instalada la infraestructura (que trae consigo la creación circunstancial de fuentes de trabajo) se quedarán disponiendo del agua por décadas, a cambio de un personal mínimo y un mísero porcentaje para las asociaciones de desarrollo.


20 noviembre, 2013

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