En General Viejo no hay quién duerma

Dineth Villalobos

Carlos L Monge B
prensa@perezzeledon.net

E
n una noche típica de sábado, el centro del pueblo se convirtió en el escenario de un zafarrancho “ampliado”: un pleito, en que participaban hombres contra mujeres, extendido por las calles (algo más o menos rutinario) al que se sumaron dos grupos de individuos que llegaron en busetas, armados con garrotes.

Nadie se despertó, porque el karaoke y los pleitos no habían permitido conciliar el sueño; pero desató, en cambio, un enojo colectivo entre los vecinos del otrora apacible pueblo. Los niños, nerviosos; los enfermos y los ancianos, intimidados; los estudiantes trasnochados…

Un pequeño grupo de vecinos que afirma sufrir las consecuencias de manera directa.

Un pequeño grupo de vecinos que afirma sufrir las consecuencias de manera directa.

Y no. Este no es un ensayo literario; es la realidad que han venido viviendo los vecinos del venerable pueblo de General Viejo, desde que la taciturna cantina que Moiso vendió a un sobrino suyo, se convirtió en un centro social que funciona, por lo que se dice, en contravención de las leyes municipales, sanitarias y de licores.

Las trifulcas y la aparente construcción ilegal del edificio han sido de vox populi y reiteradamente denunciadas por los vecinos que se sienten perjudicados, en instancias como la Municipalidad de Pérez Zeledón, el Ministerio de Salud y la Fuerza Pública, a lo largo de meses.

Algunos de ellos lo han hecho a título personal y, otros, representados por la Asociación de Desarrollo Comunal. Y, curiosamente, una comisión de regidores había solicitado al Concejo archivar las denuncias de la Asociación.

Pero, debido a la falta de respuesta a las denuncias, un pequeño grupo de vecinos (la mayoría de la tercera edad) acudió a la sesión municipal de ayer, martes tres de marzo de 2015, a advertir que si no encuentran una debida solución a su problema, van a llevar el caso a las últimas consecuencias.

El orden alterado en una comunidad tradicionalmente apacible.

El orden alterado en una comunidad tradicionalmente apacible.

Llegaron a apoyar Dineth Villalobos Araya, síndica del distrito General, quien había venido formulando la denuncia, sin encontrar respuestas y, por lo que se dijo anoche, al fin encontraron el apoyo que andaban buscando. La denuncia está relacionada, en específico, con un negocio llamado Chaparral.

Rafael Herrera, regidor suplente, ratificó las diversas versiones en el sentido de que se bebe licor en la calle, frente al negocio; Kemly Jiménez, regidora, leyó un oficio de un oficial de la Fuerza Pública en que también se refiere al consumo de licor en las vías públicas; y los testigos, en general, llegaron a ratificar que durante los pleitos han tenido que soportar bochincheros que se han metido –unos huyendo y otros persiguiendo- hasta en una casa de habitación, a volarse catos hasta en presencia de pequeñas niñas.

La alcaldesa Vera Corrales reconoció que conocía las quejas acerca de las grescas y las aparentes irregularidades cometidas –contra disposiciones municipales- en la construcción del edificio. Las denuncias –según especificó la alcaldesa Corrales- debe verse desde dos perspectivas: una, el funcionamiento de la patente y otra la construcción del edificio.

Los centros educativos y el templo están a menos de 100 metros de la cantina.

Los centros educativos y el templo están a menos de 100 metros de la cantina.

Se ha denunciado que el edificio venía siendo construido sin permisos municipales y que a pesar de que la Municipalidad ordenó la paralización de la construcción (y puso sellos) se siguió construyendo. Se afirma que la nueva edificación invade la calle La Hermosa/Rivas, que por ser carreta nacional, es tema para el Ministerio de Obras Publicas y no para la Municipalidad. Si se comprueba que ha construido sin permisos, el dueño deberá demoler el edificio; y, si no hace caso, deberá ser denunciado por desobediencia a la autoridad.

Y, aparte de las ingestas desbordadas, se viene denunciando que la cantina funciona a solo unos metros del templo católico, la escuela y el colegio. Esto, sin embargo, es algo que la Municipalidad deberá analizar –en caso de que tome la alternativa de procurar el cierre del negocio- porque la patente de licores existe desde hace muchas décadas.

Como consecuencia del movimiento civil de anoche, diversos regidores coincidieron en solicitar a la Alcaldía una intervención inmediata e “integral” de este caso y que rinda un informe acerca de lo actuado y por actuar, en la sesión de la próxima semana.


4 marzo, 2015

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