Regidores desairan a defensores de los ríos

Hidroeléctricas Pérez Zeledón.

Carlos L Monge B
prensa@perezzeledon.net

La rigurosa observación al reglamento de las sesiones municipales causó un desaire a una delegación de defensores del río San Rafael y llevó a la comunidad de San Pedro a mostrarle los dientes al Concejo de Pérez Zeledón.

La delegación, de unas sesenta personas –vecinos del distrito San Pedro y estudiantes de la Universidad Nacional- se presentó a la sesión ordinaria de ayer, martes 21 de junio de 2016, con el fin de expresar su disconformidad con un acuerdo adoptado por el Concejo la semana pasada, en que prohibió la instalación de una planta hidroeléctrica abastecida con aguas del San Rafael.

La delegación estuvo conformada por unas sesenta personas. Se oponen a la construcción de una planta hidroeléctrica, en el río San Rafael.

La delegación estuvo conformada por unas sesenta personas. Se oponen a la construcción de una planta hidroeléctrica, en el río San Rafael.

Pero el Concejo, por voto de mayoría, rechazó una moción de orden del regidor Antonio Mora (PAC) pasa que se les concediera cinco minutos, con el fin de que un representante expresara la inquietud del grupo. La negativa del Concejo estuvo sustentada en que el espacio concebido, vía reglamento, para “atención a vecinos”, está limitado a los primeros martes de cada mes.

El argumento hubiera sido inobjetable, a la luz de un nuevo y riguroso concepto reglamentista municipal, si no fuera porque, con anterioridad (el anterior Concejo) les había negado la palabra bajo la advertencia de que el tema estaba “acabado” y porque, anoche mismo, los regidores tomaron un acuerdo considerado a contrapelo por una minoría del Concejo.

Este acuerdo, considerado por dos regidores como viciado, si no de nulidad al menos de transparencia, fue el nombramiento de la asesora legal del Concejo. Dos regidores de bancadas minoritarias, Antonio Mora y Rafael Herrera, alegaron que una comisión municipal había presentado a valoración los currícula de dos aspirantes al cargo y que se había agregado un expediente adicional, de manera inconsulta y arbitraria, como si ellos “estuvieran pintados en la pared”.

Entre otros argumentos, alegan que se planea construir una represa en un área de alto riesgo. La imagen es sólo para ilustración.

Entre otros argumentos, alegan que se planea construir una represa en un área de alto riesgo. La imagen es sólo para ilustración.

En respuesta al desaire, los defensores del río San Rafael interrumpieron la rendición de cuentas semanal del alcalde Jeffry Montoya, y a pesar de los llamados del presidente Hans Cruz a que guardaran silencio, cantaron la emblemática “Patriótica Costarricense”.  Luego retiraron bajo protesta, no sin antes expresar la advertencia de que la batalla apenas está comenzando.

Hay trece iniciativas para desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica, en el cantón de Pérez Zeledón, y uno de los que más ha generado conflicto es el de San Rafael de San Pedro, donde hay una oposición férrea de los vecinos, acuerpados por diversas organizaciones ecologistas.

Los anteriores regidores de Pérez Zeledón creyeron haber puesto candado a las hidroeléctricas con un acuerdo tomado en diciembre del año pasado, 2015, respaldado en el Reglamento de Zonificación Plan Regulador Parcial de San Isidro de El General.

Han estado en la batalla por defender al río y advierten que no permitirán la instalación de una planta hidroeléctrica en su territorio.

Han estado en la batalla por defender al río y advierten que no permitirán la instalación de una planta hidroeléctrica en su territorio.

Giraron instrucciones a la Administración Municipal para que no girara permisos de construcción en el área denominada “Deslizamiento de Zapotal y la Quebrada Mollejones”, en el río San Rafael, con el ideal de proteger a la comunidad de los daños que pudiera causar una represa ubicada en una falla tectónica, en un sector propenso a derrumbes de gran magnitud.

Pero los actuales regidores –por iniciativa del alcalde Montoya- revocaron el acuerdo para evitar una eventual sanción, debido a que la Sala Constitucional y el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo han establecido que las municipalidades no tienen potestades para prohibir algo que está contemplado en una ley, como es el caso de las plantas hidroeléctricas.


22 Junio, 2016

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