Pérez Zeledón tiene récord en causas contra funcionarios

Roberto de Prado, representante de la Defensoría de los Habitantes en Pérez Zeledón y un ciudadano que llega a solicitar ayuda.

Carlos Monge B.
prensa@perezzeledon.net

Imagine una sala, algo calurosa, con sillas en línea para que los hombres y las mujeres que están sentados se vayan corriendo. Chiquitos, unos jugando, otros en brazos y alguno de ellos protestando a voz de tiple, quién sabe por qué. Las mujeres, unas como afligidas, otras como pensativas. Dos hombres contándose historias y otro expresivamente molesto, por la mala atención que le dio un empleado público. Una puerta. Desde adentro, una voz: “El que sigue…”

Alguien podría imaginar que es una sala del hospital, pero, en realidad, es la Oficina de la Sede Regional de la Defensoría de los Habitantes, en Pérez Zeledón, donde dos funcionarios atienden simultáneamente a los generaleños que, aunque no en la misma magnitud todos los días, acuden masivamente a pedir ayuda.

No es de extrañar que la sala de espera de la Defensoría parezca un hospital, cuando se sabe que en Pérez Zeledón se presentan más denuncias por supuestas deficiencias en la función pública que en otros territorios mucho más extensos del país. En Puntarenas, por ejemplo, hasta mediados de noviembre del presente año (2012) habían sido presentadas 1.685 denuncias, mientras que en Pérez Zeledón y Buenos Aires y Osa (territorio atendido por los funcionarios de Pérez Zeledón) la suma ascendía a 4.436, el doble y mil sesenta y seis más.

¿Cómo se explica la diferencia?  No hay bases para pensar que los servicios públicos son más eficaces y que los funcionarios son más cumplidos en Puntarenas en que en el área de Pérez Zeledón. Tampoco hay razones para creer que en la provincia de Limón hay excelencia en la prestación de servicios públicos, cuando se observa que las denuncias sólo alcanzaban, a la misma fecha y a la misma hora (la Defensoría lleva una contabilidad de denuncias recibidas a tiempo real) la cifra de 696.

Lo que sí parece estar influyendo es que los funcionarios de Pérez Zeledón se desplazan por las comunidades recibiendo denuncias y dando a conocer a los ciudadanos las posibilidades que tienen para resolver sus asuntos, comenta Roberto de Prado Lizano, coordinador de la sede en Pérez Zeledón.

Bien instruidos, en el sentido de que la Defensoría sólo tiene potestades para defender a los ciudadanos cuando están siendo afectados porque se incumplen obligaciones en las instituciones públicas, los quejosos enfilan baterías en todos los sentidos:  porque no recibieron ayudas en el Instituto Mixto de Ayuda Social, porque en la Municipalidad les atrasan los documentos, porque los servicios de teléfono o de agua potable les llegaron muy altos, por las tarifas en los transportes, porque le dieron una cita con el especialista para un año en que es posible que ni el médico ni el paciente estén en condiciones para presentarse.

Hay gente que se queja porque no les responden cuando piden la reparación de un camino cantonal, y por el ruido, y por una porqueriza que se pasó de rancia, o por las aguas sucias que les llegan a sus casas y porque le negaron una beca para los güilas…

Razones hay, para pedirle ayuda a la Defensoría de los Habitantes; y en la Sede Regional de Pérez Zeledón le dan curso a todo lo que parezca incumplimiento en las instituciones públicas, pero no hacen, cuando la persona está equivocada o no tiene derecho a exigir un beneficio. En cuyo caso, se le dan las explicaciones que se necesiten.

De Prado cita, como ejemplo, el caso de un hombre que reclamaba como derecho una pensión del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, por el solo hecho de que su edad superaba los 65 años. Se le aclaró que las pensiones no contributivas son una ayuda que otorga la Caja en ciertos casos, pero como un beneficio y no como un derecho.

¿Qué derecho podía tener ese hombre a que le dieran una ayudita, si era propietario de una finca de 400 hectáreas? Se le hizo ver que la finca podría generarle ingresos de mil maneras, para vivir confortablemente, y que, no siendo un derecho (que sí habría adquirido si hubiera sido un contribuyente) la Caja tendría muchos otros casos de necesidad qué resolver antes que el suyo.

Quizás la mejor forma en que la Defensoría ayuda a los ciudadanos, es informándoles sobre sus derechos –y aclarándoles los que no lo son- para que acudan a su despacho móvil (cuando se desplaza el escaso personal hasta las diferentes comunidades) o acudan a su céntrica oficina de  asesoría y a veces de bufete, en San Isidro de El General.
 


27 Noviembre, 2012

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