Parques indefensos por falta de personal

Los miembros del Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad-Pacífico.

Carlos Monge B.
prensa@perezzeledon.net

Como todos los de su especie, un raro espécimen de jaguar melánico, perfectamente moteado sobre su piel del color del oro, más grande, colmilludo y poderoso que otros félidos del Nuevo Mundo, llevaba una vida solitaria en los bosques del Parque Internacional La Amistad, cuando un cazador lo mató.

No había autoridad que impidiera el ingreso al bosque del cazador artero, porque, por esos días, alguien quemó la caseta de los guardaparques. El puesto no se volvió a construir y, por el contrario, otros han sido cerrados por falta de personal. Así somos, en el país de los ecologistas.

En Costa Rica nos encanta pavonearnos en las grandes ligas, pero entrenamos con bate de guayabo y bola de trapo. Si no, que lo diga el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico (Coracla-p), que mueve cielo y tierra tratando de conseguir personal.

Ciertamente, existe un área de conservación que abarca amplio sector de la Región Brunca, en los cantones de Coto Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón, que se interna en los territorios cartagineses de El Guarco, Paraíso y Jiménez.

Se trata de seis sectores con categorías de parque nacional, reserva forestal y zona protegida, que ocupan una extensión de más de 356 mil hectáreas, por los que la UNESCO le otorgó al caso específico del Parque Internacional La Amistad el título de Reserva de la Biosfera, en 1982, y como Sitio de Patrimonio Mundial Natural en 1983, “debido a su valor universal excepcional tanto desde el punto de vista científico, como de la conservación y de la belleza natural”.

Tanto reconocimiento es como aparentar, en las grandes ligas, porque en las más de 356 mil hectáreas, “protegidas bajo responsabilidad directa del Estado”, más las reservas indígenas y los territorios bajo el dominio privado, que en total alcanzan las 810 mil hectáreas, sólo hay 68 funcionarios, incluyendo misceláneos, administrativos y técnicos. “Más que en una ferretería de San Isidro; la mitad y hasta la tercera parte del personal que tienen otras áreas del país”, comenta Ronald Chang, director regional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y secretario ejecutivo del Coracla-p.

Si a los funcionarios, incluyéndolos a todos, se les asignara la vigilancia de territorios equivalentes, en las áreas protegidas, a cada uno le correspondería 11 mil hectáreas. Si se les distribuyeran las 810 hectáreas de toda el área de influencia, a cada uno le tocarían 30 mil.  Y en la montaña, sin helicópteros, sin equipos tecnológicos de apoyo y a pie… Es como jugar con bate de guayabo y bola de trapo, en las grandes ligas de la ecología.

Mientras tanto, las áreas protegidas están siendo invadidas, por gente que cree que, como nadie las visita, el dueño se murió; por gente que corta árboles sin permiso, por cazadores, por turistas ilegales y hasta por sembradores de marihuana.

Al hacer frente a tantas necesidades, el Coracla-p ha recibido la ayuda de algunas comunidades y el diligente apoyo de la fuerza pública. Pero la cobertura es insuficiente.

Falta personal –y eso es algo de Perogrullo- para vigilar las áreas protegidas, pero también para atender la incesante demanda de servicios fuera de ellas: gente que denuncia al vecino, con razón o por mala relación de vecindad, y hay que ir a investigar; gente que observa el ingreso de intrusos al bosque, y hay que localizarlos y expulsarlos; gente que pide permisos de aprovechamiento y hay que ir a hacer el análisis del árbol que quiere cortar, en el campo y en el plano; gente que hace consultas y necesita trámites de la más diversa índole y a la que hay que atender con prontitud porque, si no… salacuartazo y con justificada razón.

Chang es claro en que el Área de Conservación La Amistad-Pacífico, sitio de patrimonio mundial, está sufriendo una crisis por falta de personal. Ha tenido que cerrar los puestos de áreas protegidas en San Jerónimo en Chirripó, Tres Colinas en el Parque Internacional, Progreso en la zona protectora Las Tablas y El Humo en Tapantí.

El problema es básicamente político, de decisión gubernamental. Existe una directriz, a aplicar indiscriminadamente y a rajatabla, que ordena no crear plazas en el sector público, ni siquiera para sustituir a los funcionarios que se van retirando. En crisis y empeorando.

Chang dio a conocer un estudio realizado por el propio Ministerio de Ambiente y Energía. Se necesitan 106 plazas para solucionar las necesidades aunque, en su condición de Director Regional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se conformaría con 30.

La propia División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República estima que sólo en el Parque Internacional La Amistad, donde hay un administrador, un técnico y ocho operativos, el personal básico requerido es de veinte funcionarios.


16 noviembre, 2012

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