Lenta reacción estatal en conflictos indígenas

Indígenas zona sur Costa Rica.

Carlos L Monge B
prensa@perezzeledon.net

La lenta reacción del aparato estatal dejó margen a dos nuevos incidentes ocurridos en los territorios de Cabagra y Salitre, en el cantón de Buenos Aires, generando la airada reacción de diversas organizaciones sociales y estudiantiles.

Organizaciones que defienden los derechos de los aborígenes, grupos estudiantiles y particulares denunciaron que dos familias fueron desalojadas a fuerza de machete, garrotes y armas de fuego, durante incidentes separados en que dos hombres resultaron heridos.

La imagen muestra el "castigo" a que fue sometido uno de los indígenas.

La imagen muestra el “castigo” a que fue sometido uno de los indígenas.

Los dos heridos fueron trasladados al hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, donde ayer, 8 de abril de 2016, rindieron informes a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y representantes de la Defensoría de los Habitantes.

La agresión a una de las familias es atribuida a “no indígenas” que reclaman derechos de posesión de tierras ubicadas dentro de las reservas indígenas, acuerpados por peones a su servicio. De acuerdo con diversos informes procedentes de la zona sur, uno de los ataques fue obra de una treintena de bravucones.

El origen de las incidencias está en que hay familias indígenas que han incursionado en tierras que consideran como propias, al amparo de un mancillado derecho natural, ratificado en acuerdos internacionales y en que los “no indígenas”, que en algún momento compraron fincas dentro de las reservas, tienen documentos legales que los respaldan.

El conflicto llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a establecer medidas cautelares, el 30 de abril del año pasado. Es una disposición que obliga al Estado costarricense a garantizar la obligación gubernamental de garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que han poseído u ocupado tradicionalmente.

Muchas reuniones, en San José, mientras en la zona sur asoma la sangre.

Muchas reuniones, en San José, mientras en la zona sur asoma la sangre.

Pero la reacción del aparato estatal es lenta u omisa. La policía ha estado vigilante, en las áreas de los incidentes, pero los ataques del jueves ocurrieron en horas en que no había presencia policial, cuyos oficiales se habían retirado –según dijeron a los denunciantes- por considerar que estaban desperdiciando el tiempo, mientras hay otras prioridades.

No hacía más de un mes, el vicecanciller de la República informaba a la comunidad internacional que el Instituto de Desarrollo Agrario (Inder) ya había presentado (el 26 de febrero de 2016) el Plan Nacional de Recuperación de Territorios indígenas.

Este plan “…tiene como objetivo general regularizar los territorios indígenas y conocer la situación en la que se encuentran, para tomar las medidas legales correspondientes, según cada caso” y, mientras tanto, siguen ocurriendo episodios violentos.

La reacción estatal ante los eternos conflictos es lenta y tardía.

La reacción estatal ante los eternos conflictos es lenta y tardía.

Fotografías enviadas desde la zona sur documentan la brutalidad de la agresión de que fueron víctimas Adilio Ortiz y Antonio Torres: gravemente leñateados, baleados y uno de ellos herido en la cabeza, por el filo de una macheta que apenas alcanzó a rozarlo. Otros miembros de las familias agredidas lograron escapar, ilesos, huyendo por las montañas.

La policía, que fue llamada de urgencia, arrestó a algunos de los posibles agresores; pero las organizaciones defensoras de los derechos de los indígenas están pidiendo el retiro de los oficiales de mando de la Fuerza Pública de Buenos Aires y que se investiguen las actuaciones de funcionarios de las legaciones del Poder Judicial establecidas en Buenos Aires.

 

Nota: Imágenes e información suministradas por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, la Radio 8 de Octubre y otras diversas fuentes relacionadas.


9 Abril, 2016

Anúnciate Gratis