Las instituciones públicas deberían cambiar estrategias

Colegiales, Pérez Zeledón.

Carlos L Monge B
prensa@perezzeledon.net

Las deficiencias institucionales que siguen siendo denunciadas ante la Defensoría de los Habitantes evidencian la necesidad de que el Estado adopte estrategias que le permitan cumplir con el principio constitucional que lo obligan a garantizar el bienestar de los habitantes.

Por no tratarse de cosas urgentes, a veces los pacientes tienen que sufrir molestias durante largas temporadas.

Por no tratarse de cosas urgentes, a veces los pacientes tienen que sufrir molestias durante largas temporadas.

Si bien es cierto que se percibe una mejoría en la atención institucional a los ciudadanos, también lo es que el fenómeno se viene dando con lentitud y que hay situaciones recurrentes que ya deberían estar  superadas.

A doce años de que comenzó a funcionar la oficina regional de la Defensoría, en Pérez Zeledón, las denuncias se siguen dando por situaciones similares, en instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social y las municipalidades, reconoce Roberto de Prado, titular de la dirección regional local de la Defensoría.

Se repiten situaciones que inducen a la confusión, cuando se trata de realizar trámites; de salud, como lo relacionado con la disposición de aguas servidas; de acceso a los servicios de apoyo social; en el campo educativo, acceso a la información pública…

Roberto de Prado estima que se necesita un cambio de estrategias, en las instituciones públicas.

Roberto de Prado estima que se necesita un cambio de estrategias, en las instituciones públicas.

Se repiten y hasta aumentan, en parte porque los ciudadanos están más conscientes de los derechos que los asisten, a partir de una labor que ha venido extendiendo la Defensoría en el país y, muy específicamente, en el sureste de Costa Rica, con dos oficinas regionales que tienen sus sedes en San Isidro de El General y Ciudad Neily.

En Pérez Zeledón –según expone De Prado- la Defensoría ha venido realizando un importante plan de visitas a las comunidades, para identificar en el propio terreno los problemas que enfrentan los ciudadanos. Emergen, además de los temas “tradicionales”, otros relacionados con asuntos municipales y la incertidumbre acerca del futuro de ciertos asentamientos humanos a partir de lo dispuesto por la Ley de la Jurisdicción Marítimo Terrestre.

Este plan de visitas a comunidades también ha sido extensivo a instituciones públicas, como un proceso de capacitación realizado en la Universidad Latina, sede regional de Pérez Zeledón, acerca de los principios concebidos por el Estado democrático, para promover el bienestar de las personas, cita De Prado.

En las comunidades rurales, las quejas son por deficiencias municipales y a veces por temas relacionados con el transporte.

En las comunidades rurales, las quejas son por deficiencias municipales y a veces por temas relacionados con el transporte.

También, el plan de concientización se ha extendido a colegios, donde a los jóvenes se les informa o actualiza sobre sus derechos, pero también sobre sus obligaciones y las consecuencias que éstas pueden tener, cuando se les contraviene.

Tema de mucha actualidad del que se quejan los habitantes de las comunidades rurales  el de la contratación de vehículos para el transporte de estudiantes,  una iniciativa estatal para facilitar a los estudiantes el acceso a la educación pública.

De actualidad, porque es una deficiencia denunciada de manera recurrente, y de importancia por la injerencia que podría tener en el revés estadístico de la deserción estudiantil de los colegios: la cifra de 14 mil alumnos que abandonaron las aulas después de las vacaciones de medio período, en 2014, (una cifra baja, en los índices históricos recientes) la cantidad se disparó a más de 16 mil después de las vacaciones de medio período de 2015.

Todos estos inconvenientes son problemas concernientes a cada institución pública; pero es un mal que nace de una falta de una estrategia estatal, donde también confluyen intereses políticos (una Asamblea Legislativa con diversidad de filosofías y particularidades) y legales, dado un ordenamiento jurídico que no siempre  coincide con las iniciativas legislativas y gubernamentales.

 

Nota: Las imágenes son solamente ilustrativas.


23 Noviembre, 2015

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