Impuesto a tierras agrícolas: campesinos reciben la ley sin algarabía ni aspavientos

Impuesto a tierras agrícolas: campesinos reciben la ley sin algarabía ni aspavientos

Carlos Luis Monge Barrantes
prensa@perezzeledon.net 

La sanción a la ley que establece un impuesto máximo del 20% sobre los terrenos de uso agropecuario, dada el pasado jueves 20 de setiembre, no fue causa de algarabía ni desfiles entre los agricultores del Valle de El General.  Los hijos de la tierra prefieren seguir trabajando y dejar las manifestaciones y protestas para cuando los están acorralando y les quieren arrebatar sus derechos.

Pero, si no salieron a aplaudir la decisión de la Asamblea Legislativa y el Gobierno de la República, sí al menos pueden respirar tranquilos porque, con la nueva ley, ni las municipalidades se van a convertir en principados ni ellos van a quedar en bancarrota, al menos por esas causas impositivas.

Román Chacón Cerdas, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (Upiav), que aglutina a casi 11 mil asociados, en Pérez Zeledón, sí expresó la satisfacción haber alcanzado un logro que por momentos tomaba visos de crisis.

El proyecto de ley original era un instrumento depredador, creado para aumentar los ingresos de las municipalidades, que establecía impuestos sobre una plataforma de valores alejada de la realidad nacional.  Fue diseñada por un grupo de expertos extranjeros.  De habérsele aprobado con su texto original habría causado la insolvencia automática de decenas de miles de campesinos.

Se ejemplificaba con el impuesto de un millón trescientos cincuenta mil colones a de un cafetal de cuatro manzanas, ubicado en un sector residencial de Heredia, por el que se venían pagando 110 mil colones.  Los expertos respaldaban sus estudios en las aspiraciones económicas de los dueños de ciertas tierras que estaban puestas en venta y no en su valor real, explica el representante de la Upiav.

En la gran mayoría de las municipalidades del país se frotaban las manos y acariciaban sueños de abundancia.  En Pérez Zeledón, donde el 93% de las tierras es rural, unieron fuerzas la Upiav, las cámaras de Ganaderos y de Cañeros y Coopeagri.  La Municipalidad les dio el apoyo incondicional en su decisión de alcanzar una ley que les hiciera justicia.

Frente a contradicción de tal magnitud, se unieron la Upiav, Upa Nacional, la Cámara Nacional de Agricultura y la Unión Nacional Agrícola, para emprender la lucha contra los promotores de ley, que la defendían con una arrogancia que los llevó a redactar mociones a bulto para bloquear el conocimiento de otros textos.

El cabildeo sirvió de poco y no fue hasta que veinte mil campesinos de todo el país tomaron el casco central de San José, cuando hubo distención y reconsideración entre los diputados que apoyaban el viejo proyecto. Entendieron que si no daban espacio para que la mayoría en el Congreso conociera, discutiera y aprobara el nuevo proyecto de ley, entonces los agricultores iban a paralizar el país.

Queda pendiente un aspecto que deberá resolver el Gobierno: la realización de un censo agropecuario a profundidad, rico en variables y que contenga el aporte de las organizaciones que involucren al sector agropecuario, especificó Chacón.


24 septiembre, 2012

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