Comerciantes generaleños consideran “caprichosa” Ley 7600

Imagen: Comerciantes generaleños consideran “caprichosa” Ley 7600

Ministerio de Salud no renovará permisos sino acatan la normativa

Juan Diego Jara A.
prensa@perezzeledon.net

Saloneros del bar y restaurante la Reina del Valle señalan el punto donde se ubicará el ascensor, esto con el fin de acatar la Ley 7600.

Los comerciantes de Pérez Zeledón van a tener que ponerse las pilas con el cumplimiento efectivo de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades, pues si no, se verán expuestos al cierre de sus negocios.

La situación es incómoda para ellos,  ya que una vez que se les venza el permiso de funcionamiento, el Ministerio de Salud no se los renovará sino acatan la normativa, la cual establece que haya rampas de acceso, baños adecuados, ascensores, entre otros, en sus establecimientos.
De acuerdo con los dueños de locales comerciales, esa obligación afecta drásticamente su economía, sobre todo, porque la ley resulta muy “caprichosa” en varios puntos, como por ejemplo, en casos donde se pide habilitar una rampa o un ascensor en un restaurante de dos pisos, que ofrece el mismo servicio tanto en la parte baja como alta.

Wálter Odio, empresario de la zona, considera que se debe promover una reforma a la Ley 7600, de manera que no sea tan intransigente e imposible de cumplir.

“Sabemos de algunos casos que se han dado recursos de amparo interpuestos en contra de algunos locales que no brindan las condiciones adecuadas para acceder a un segundo piso. Pero, debido a las características de muchas construcciones, la implementación de dichas exigencias es imposible, además de que económicamente no es factible para la bolsa de muchos comerciantes en pequeña escala”, acotó Odio.

“Hubo suficiente tiempo”. Para  Marco Gutiérrez Jorge, director regional del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), los comercios y las instituciones públicas y privadas tuvieron diez años para aplicar las medidas, y no lo hicieron.

“Lamentablemente en Pérez Zeledón los comercios y las instituciones no han cumplido, aun cuando la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad, convertida en ley 8661 en el 2006, obliga al Estado a hacerla valer”, resaltó Gutiérrez.


Geovanny Hidalgo, persona con discapacidad.

Precisamente Geovanny Hidalgo, quien está en una silla de ruedas, dijo que la validez  de la Ley 7600 ha costado. Agregó que no comprende cómo en muchos lugares, (tiendas y  bancos), pasan por alto el cumplimiento de la normativa.

Hidalgo argumentó que aunque en un restaurante de dos pisos se ofrezca el mismo servicio tanto en la parte baja como alta, se deben implementar las medidas de accesibilidad, pues como ser humano está en su derecho de subir o bajar a cualquiera de las dos.

Por su parte Gustavo Rodríguez, jefe del Área Rectora de Salud en Pérez Zeledón, indicó que tras el fallo de la Sala Constitucional (que exige a los negocios realizar las adecuaciones de accesibilidad), fiscalizan con fuerza el cumplimiento de la Ley 7600.

“Este 2010 empezamos más enérgicamente, con reuniones en la municipalidad para enlazar e informar a la población y establecer estrategias de acción. San Isidro es grande, hay mucho comercio y la mayoría de estos no están cumpliendo. Los criterios de accesibilidad son difíciles de interpretar, pero no podemos otorgar más tiempo. Estamos siendo estrictos con los negocios nuevos”, afirmó.

Álvaro Barrantes, ingeniero de la Municipalidad de Pérez Zeledón, informó que actualmente solo otorgan las patentes y permisos de construcción a los negocios que cumplan con la Ley 7600.

“En cuanto a las patentes viejas, después de informarles sobre la nueva normativa, empezaremos a hacer los respectivos cierres si no están al día”, dijo Barrantes.

El ingeniero del ayuntamiento indicó que un porcentaje muy alto de comercios tienen que hacer los cambios que contempla la ley, ya que los edificios nuevos –por obligación– deben contar con todos los requerimientos.

Están en aprietos. Álvaro Godínez, propietario del bar y restaurante la Reina del Valle, en San Isidro, enfrenta un grave problema en su  negocio, pues debe construir un ascensor para que Salud no se lo cierre.

Don Álvaro dice que va a acatar la disposición pero considera que la ley es muy estricta y tiene que ser pareja pues hay muchos lugares como los bancos estatales que están exentos  de efectuar tales modificaciones.   “A mí el permiso se me vence dentro de un año; ahí veré qué hago”, afirmó.

Una situación más complicada enfrenta Fray Jiménez, del gimnasio Olympic Center, a quien el Ministerio de Salud le ha clausurado el local en dos ocasiones este año. Por tal motivo, Jiménez sostiene un litigio contra el Estado, por la amenaza de cierre del recinto que arrienda.

“Yo alquilo aquí desde hace diez años y antes no necesitaba el permiso de Salud, pero cuando lo solicité, me hablaron de las modificaciones que tenía que hacer debido a la Ley 7600. Por ello sostengo una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que Salud se  aparece de pronto y me cierra, y antes nunca se me había notificado”, detalló.

Jiménez comentó que piensa construir en otro lugar porque la inversión es grande para un edificio que no es propio y en el que el dueño no tiene interés de hacer los cambios.
 
La percepción de muchos comerciantes del cantón es que Salud no está aplicando la ley de forma pareja, pues algunos negocios son visitados con más frecuencia, mientras que otros, en iguales condiciones, no .


13 Septiembre, 2010

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