Campesinos extienden tregua durante tres días más, en la zona sur

Palmar Sur de Osa.

Carlos L Monge B
prensa@perezzeledon.net

Los campesinos que fueron desalojados de las fincas de Palmar Sur de Osa, donde vivían desde hacía más de una década, decidieron prolongar por tres días más el movimiento de protesta que realizan sobre el puente del río Térraba, con el fin de darle tiempo al Gobierno para que encuentre una solución que les parezca legalmente aceptable.

A fin de cuentas,  no tienen a dónde ir. El Gobierno de Luis Guillermo Solís les ofreció, a través del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, un aporte económico para que vivan  en casas de alquiler y se alimenten, durante los próximos cuatro meses.

El Gobierno pide tiempo para resolver un conflicto heredado.

El Gobierno pide tiempo para resolver un conflicto heredado.

Pero no les dijeron dónde van a encontrar cien casas desocupadas, para tomarlas en arrendamiento y, de toda manera, los líderes de los campesinos están plantados en que el desalojo del martes de la semana pasada -28 de julio de 2015- fue ejecutado sobre la base de un documento viciado de nulidad.

Hoy, martes cuatro de agosto de 2015, se entró en el quinto día de manifestaciones en el puente del río Grande de Térraba, en Palmar Norte de Osa. Integrantes de cerca de un centenar de familias –hombres, mujeres y niños- están viviendo a la intemperie o bajo plásticos que difícilmente los protegen de las frías brisas de las madrugadas.

Están subsistiendo con la asistencia alimentaria de grupos humanitarios. En Pérez Zeledón, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes de la Universidad Nacional, Sede Región Brunca, se organizó para canalizar donativos que ayuden a mitigar las necesidades de los campesinos; y en la ciudad de Puerto Cortés, los funcionarios municipales hicieron una banca para comprarles alimentos.

En las reuniones participan el diputado Gerardo Vargas y representantes de la Defensoría de los Habitantes.

En las reuniones participan el diputado Gerardo Vargas y representantes de la Defensoría de los Habitantes.

El conflicto afecta a los habitantes de una serie de fincas heredadas por la Compañía Bananera de Costa Rica –en 1980- al Gobierno de la República. Se les conoce, en conjunto, como Finca Chánguena (o Chánguina).

Estas fincas fueron arrendadas por el Gobierno a una empresa privada, en 2006, mediante un contrato que habría vencido en 2011. Pero al contrato de le dio continuidad y, en medio del conflicto originado en la demanda de los campesinos para que les cedieran las tierras, ya en 2014, un procurador de la República habría renovado el convenio con el empresario, mediante el documento endilgado de ilegalidad.

Los campesinos acusan la invalidez de lo actuado por la Procuraduría en tres hechos principales: que el contrato de arrendamiento de las tierras ya había vencido; que, en todo caso, el tema está siendo ventilado en los tribunales de justicia, cuya sentencia está por encima de cualquier iniciativa de la Procuraduría General de la República (abogada del Estado); y que ellos tienen un derecho natural a trabajar esas tierras, respaldado por una década de posesión quieta, pública y pacífica.

Los cultivos fueron arrasados, durante el día de ayer.

Los cultivos fueron arrasados, durante el día de ayer.

A la protesta de los campesinos, que ha alcanzado situaciones dramáticas (como las propias horas del desalojo y la amenaza de algunos de ellos de suicidarse y arrastrar con ellos a sus hijos, si la policía los intentaba a evacuar el puente) se han ido sumando las voces de apoyo de diversas organizaciones sociales, ya no solamente de la zona sur. También sindicatos tan poderosos como el de Educadores Costarricenses y la Asociación de Empleados Públicos.

El ambiente, en la zona sur, es tenso. Ayer, peones contratados por la empresa litigante destruyeron los cultivos de los campesinos. Los manifestantes cedieron una tregua que vencerá al atardecer de pasado mañana, para escuchar una solución gubernamental sólida y razonable.

Una posibilidad que se menciona  –conforme se les propuso desde el principio- es que permanezcan a la par de la carretera, frente a las fincas desalojadas, mientras el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) les consigue una finca dónde reubicarlos.

Pero falta por resolver otros dos asuntos prioritarios, relacionados con la tierra: los poseedores de terrenos en la milla fronteriza han venido demandando que se les concedan títulos de propiedad,  y los habitantes del pueblo turístico/pesquero de Sierpe rechazan cualquier intento de desalojo, fantasma recientemente sustentado  en que la comunidad se encuentra ubicada en un sector protegido por la Ley de la Jurisdicción Marítimo Terrestre.

 

Nota: El texto es un compendio de diversas informaciones transmitidas por medios informativos y personas cercanas al movimiento a través de Facebook. Fotos de: Karol, Osa Informativo, Defensoría de los Habitantes y el diptuado Gerardo Vargas.


4 Agosto, 2015

Anúnciate Gratis