Ascensores, necesidades, caprichos e impotencia

Ascensores, necesidades, caprichos e impotencia

Carlos Monge B.
prensa@perezzeledon.net

FOTO: En sus esfuerzos por hacer valer sus derechos, las personas con minusvalía se encuentran con diversos obstáculos. Uno es la tendencia generalizada, consciente o inconsciente, a ignorar la Ley 7600. Otro es la imposibilidad económica de humanizar una ciudad, como San Isidro, fea y hostil. 

A veces se vuelve difícil explicar algo en que no se ponen de acuerdo ni los eruditos. En la Municipalidad de Pérez Zeledón se desarrolla una disputa, con repercusiones de Sala Cuarta y no sin pérdida de tiempo, acerca de si se debe comprar un elevador o un ascensor para cumplir con un mandato.

La dificultad radica, no en el campo semántico, donde elevador y ascensor son la misma cosa, y tampoco en el aspecto técnico, porque ambos sirven para transportar personas de una planta a otra, de la misma manera en que ninguno –ni el ascensor ni el elevador- se va a trabar porque en lugar de estresados seres humanos tenga que transportar inertes cajas de papeles, alforjas de encomiendas o sacos de repollo.

“REINE.ES”, una página digital especializada, explica que la principal diferencia es la velocidad y el mantenimiento que se da a uno y el otro. “Mientras que los ascensores son más rápidos que los elevadores, éstos sólo necesitan mantenimiento cada tres meses, a diferencia de los ascensores, que lo requieren una vez al mes”, dice textualmente.

Para mayor entendimiento, agrega: “Gracias al reducido tamaño de las plataformas elevadoras, se puede instalar en casi cualquier sitio. No obstante, es frecuente ver los elevadores en dúplex y tríplex, por su escaso peso y porque al propietario de este tipo de edificios de pocas plantas, le sale más a cuenta: no necesita más velocidad y el mantenimiento técnico de los elevadores es mínimo”.

“En general –amplía REINE. ES- es más barato mantener un elevador que un ascensor tradicional, puesto que no consume energía cuando desciende (utiliza la fuerza de gravedad) y, cuando sube, consume poca.  Además, puede ser panorámico, porque no tiene cables que entorpezcan la visión, lo cual es muy útil y beneficioso para las personas que se sienten incómodas en los espacios pequeños y cerrados”.

De toda la explicación –que procede de alguien que de seguro no conoce Pérez Zeledón ni sabe de las cosas en que se distraen los regidores- se desprende que un ascensor sería indispensable si, y solo si, un latinoamericano (reacio a llegar a tiempo) tuviera una reunión en el piso número setenta del Palacio Municipal. Pero, en Pérez Zeledón, el edificio municipal sólo tiene dos plantas.

Aún así, hay una regidora que ha metido cabeza en que la Municipalidad tiene que comprar un ascensor de treinta y dos millones de colones y no un elevador de dieciséis. Ha convencido a una organización de personas con discapacidad, denominada Centro de Vida Independiente Morpho, de que no admita que le instalen un “montacarga” (sinónimo tanto de elevador como de ascensor) y utiliza sus sillas de ruedas como caballo de batalla para arremeter, sistemáticamente, contra otros regidores, que el año pasado (2011) la destituyeron del cargo de Presidenta del Concejo.

El Ayuntamiento, más la Alcaldía que el Concejo, está en dificultades por esta causa. En 2010 la Sala Constitucional ordenó resolver la demanda de las personas discapacitadas, para que les dieran acceso a la segunda planta de la Municipalidad. El Concejo ordenó la compra del ascensor, pero ya por la turbulencia política del momento o por otras causas, no se compró y menos se instaló.

Ahora, la alcaldesa Vera Corrales, que es nueva en su cargo, se encuentra con que tiene que acatar la disposición constitucional, en momentos en que la Municipalidad vive una severa crisis financiera. Por un lado, está tratando de  remendar los andrajos de obra pública que quedaron después de dos años de trifulcas políticas (culpa de los que entraron en contienda y también de los que guardaron silencio) y, por otro lado, ve como la disposición de los desechos sólidos se le convirtió en una verraca que absorbe una buena parte del presupuesto municipal.

Frente a una situación como esta, la alcaldesa Corrales lo que pide a las personas con minusvalía es comprensión. Reconoce que desde 1996 existe una ley (la 7600) que se viene cumpliendo a retazos; que se les está incumpliendo.

Recordó, por ejemplo, que una partida que el Ayuntamiento separó en el 2010 para emparejar aceras en el centro de San Isidro hubo que utilizarla para construir una acera entre el cruce de El Brasilia y el Liceo Sinaí, en un trecho de casi dos mil metros, porque también hay una orden, en ese sentido, de la Sala Constitucional.


13 noviembre, 2012

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